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La norma de servicios de pago implica numerosos cambios en el statu quo del sector financiero

La nueva ley está encima de la mesa del Ministerio de Economía, que debe trasponerla en breve. La fecha teórica de entrada en vigor es el 13 de enero de 2018, si bien todavía faltan por desarrollarse estándares técnicos a nivel europeo que previsiblemente retrasarán su puesta en marcha.

La norma de servicios de pago implica numerosos cambios en el statu quo del sector financiero. Desde PwC destacan que “obligará a las entidades europeas a abrir sus infraestructuras de pago y a compartir los datos de sus clientes con otros proveedores de servicios financieros”.

Desde BBVA explican que, hasta ahora, los comercios recurren a intermediarios como proveedores de pagos electrónicos. Estos, a su vez, se ponen en contacto con la compañía de la tarjeta, como Visa o Mastercard, que finalmente carga el cobro a una cuenta corriente. Cuando esté en vigor, comentan desde la entidad financiera, el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria. Es decir, el comercio y el banco se comunicarán directamente cuenta a cuenta. Los bancos no podrán ni impedir esta nueva interacción ni cobrar por ella.

Los nuevos interlocutores directos de las entidades financieras serán de dos tipos: los que dan servicios de pago y los que ofrecen información de cuentas. Los primeros, que proporcionan “servicios de iniciación de pagos”, podrán ser desde empresas de telecomunicaciones hasta gigantes de internet como Google, Apple, Facebook o Amazon. También las fintech tienen el campo expedito para dar servicios específicos con menos comisiones para los comercios.

“Existirán menos intermediarios y habrá comisiones que desaparecerán. Algunos de los ingresos de los bancos y de las marcas de tarjetas de crédito están en cuestión”, apunta Raquel Garcés, socia del sector financiero de PwC.

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