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La banca reclama que las nuevas provisiones puedan deducir fiscalmente

La banca tendrá que hacer un nuevo esfuerzo en provisiones a final de este año como consecuencia de la entrada en vigor el 1 de enero de 2018 de la nueva normativa de contabilidad, conocida como IFRS9. Las entidades españolas, una de las más afectadas por este cambio legal, tendrán que dotar en torno a unos 4.000 millones, una cifra que aun así es manejable, según distintos expertos.

El sector, como en pasadas ocasiones, espera que esta factura tenga un tratamiento fiscal beneficioso, es decir, que se consideren activos deducibles o generen créditos fiscales diferidos monetizables en un futuro. Así se han hecho saber al Ministerio de Hacienda, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Estas provisiones, a priori, no mermarán los resultados de los bancos, ya que, al tratarse de una modificación de la legislación, pueden cargarlas contra los fondos propios para su adaptación. Según estimaciones de distintos organismos, el impacto capital medio ronda 50 puntos básicos, aunque en algunos grupos alcanza los 200 puntos y podría suponer una seria amenaza. Posteriormente, las dotaciones sí se reflejarán en las cuentas.

En un informe reciente, el servicio de estudios de BBVA advertía de que la nueva normativa podría suponer para algunas entidades escenarios de insolvencia ante el reconocimiento temprano de posibles agujeros.

Las entidades tendrán a partir de ahora que contabilizar las provisiones por el método de pérdida esperada en vez de por pérdida incurrida, lo que supone en la práctica que deberán cubrirse las espaldas de créditos que están al corriente de pago.

Distintos expertos, entre ellos los de BBVA, consideran que la nueva normativa tendrá un mayor efecto para aquellos bancos que cuentan con un modelo de riesgos propio, es decir, los más grandes, que los que se basan en el esquema estándar.

De hecho, según las primeras estimaciones de las propias entidades, la factura será más elevada en los que gestionan un volumen mayor de activos. Para BBVA el coste será de 45 puntos básicos de capital o unos 1.650 millones; para el Sabadell, de algo más de 50 puntos básicos o 350 millones; para Bankia, de 45 puntos básicos o 335 millones; para el Santander, de hasta 20 puntos o 1.100 millones; y para CaixaBank, de 15 puntos o 300 millones. Por su parte, para Bankinter las dotaciones representarán menos de 15 puntos o 40 millones y para Unicaja, del entorno de 10-15 puntos o unos 20 millones.

Estas previsiones han sido cuestionadas por algunos analistas, como los de la agencia de calificación Moody's, que las considera muy bajas con respecto a sus cálculos y a otros sistemas de la zona euro por las elevadas tasas de créditos morosos o en vigilancia especial y adjudicados inmobiliarios, aunque destacan que existe aún incertidumbre sobre los efectos que tendrán la normativa. Hace unos meses, por ejemplo, Fitch aseguraba que la banca de nuestro país iba a ser una de los más afectadas por la entrada en vigor de IFRS9.

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