Los despachos legales coinciden en que las sucesivas huelgas y protestas protagonizadas por diversos profesionales del sector desde enero pasado tendrán un impacto duradero en el funcionamiento de la Justicia, estimando que la normalidad no se recuperará hasta dentro de aproximadamente año y medio.

Los bufetes se encuentran en una situación en la que la suspensión de juicios se ha vuelto la norma. Paola Rodiles-San Miguel Olalla, abogada y gerente en el área de litigios de Ceca Magán, comenta que actualmente se han suspendido hasta el 50% de las audiencias en su despacho, sin mencionar "los graves perjuicios que esto supone para los clientes y los colegas, ya que muchos juzgados ni siquiera avisan con un día de antelación sobre la huelga, lo que implica desplazamientos, a menudo fuera de la comunidad autónoma, que luego resultan en vano al cancelarse las vistas".

Aún se desconoce la fecha en la que el sector jurídico se estabilizará, aunque los bufetes coinciden en que el plazo máximo será de alrededor de 6 meses, pero es posible que se demore incluso hasta un año y medio. "Todo dependerá de los acuerdos que el Ministerio de Justicia alcance con los distintos funcionarios (el último gremio en huelga desde el 22 de mayo) que trabajan en los juzgados y de la rapidez con la que se lleguen a dichos acuerdos", señala Rodiles-San Miguel.

La situación es similar en Baker McKenzie, donde revelan que aproximadamente una de cada cuatro audiencias que deben celebrarse se suspenden, lo que provoca un retraso significativo. "Lo notamos especialmente en un equipo específico del despacho que tiene vistas programadas tanto en las mañanas como en las tardes", relata Carmen Alonso, directora de Litigios y Arbitraje en Baker McKenzie.

El impacto de la primera huelga indefinida llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) a partir de enero, que duró dos meses, junto con la amenaza de los jueces y fiscales de ir a la huelga y la actual huelga de los funcionarios de Justicia, perjudica gravemente a los bufetes, que se ven afectados cuando se suspenden las audiencias programadas.

"Es la parte más perjudicial porque te preparas el caso y ves como 15 minutos antes te suspenden el juicio. Se ha producido una ralentización en general en las tramitaciones, en el momento de notificar sentencias y a la hora de hacer efectivos los embargos, la parte de las ejecuciones y también se ha producido un retraso silencioso que nos está impactando", señala Alonso.

Orden HFP/523/2023, de 22 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

Según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda a partir de los 16 presupuestos autonómicos aprobados para este año y la prórroga de las cuentas anteriores en el caso de Madrid, el gasto no financiero de las comunidades autónomas ha experimentado un aumento del 10,56% en el presente año, alcanzando los 216.274,4 millones de euros. Este incremento se debe a un aumento del 8,65% en los gastos corrientes y del 24,63% en las operaciones de capital.

En cuanto al primer apartado, destacan los gastos de personal que han experimentado un aumento del 7,39%, alcanzando los 81.139,74 millones de euros (aunque es importante tener en cuenta que los presupuestos de 2022, con los que se comparan, no incluían el aumento salarial del 1,5% para los funcionarios aprobado en octubre de ese año). Por otro lado, los gastos corrientes en bienes y servicios han crecido un 10,29%, llegando a los 43.739,8 millones de euros.

En el segundo apartado, el de las operaciones de capital, destacan las inversiones reales que han experimentado un crecimiento del 25,78%, alcanzando los 15.320,83 millones de euros. Además, las transferencias corrientes han aumentado un 23,39%, llegando a los 13.957,74 millones de euros, en ambos casos impulsados por proyectos financiados con fondos REACT. En cuanto a los diferentes capítulos, se destaca un incremento previsto del 10% en servicios sociales, del 7,7% en sanidad y del 6,4% en educación.

El Ministerio de Hacienda recuerda que, según la regla de gasto, el aumento del gasto computable de las comunidades autónomas no puede superar la tasa de crecimiento de referencia a medio plazo del Producto Interior Bruto de la economía española, establecida por el Gobierno central en un 4,6% para el año 2023. Sin embargo, todas las regiones han incumplido esta norma en el ejercicio de 2023. Es importante destacar que durante este año se han suspendido las reglas fiscales europeas que establecen los límites de deuda y déficit, así como la mencionada regla de gasto, lo que brinda margen de actuación a las regiones hasta su reactivación, programada para el año 2024.

Existen, en todo caso, relevantes diferencias por territorios, dándose la circunstancia de que los mayores aumentos porcentuales del gasto público en 2023 se han presupuestado en regiones que no celebran comicios autonómicos este año, si bien conviene recordar que en todas los territorios se celebran elecciones municipales, y que el país está además en la antesala hacia las Elecciones Generales previstas para finales de año.

Así, el territorio que mayor aumento del gasto no financiero ha proyectado para este año, del 15,8%, ha sido Andalucía, que el PP gobierna con mayoría absoluta tras los comicios de junio de 2022, seguida por Castilla y León, gestionada por PP y Vox tras las elecciones de febrero del año pasado, con un alza del 15%. Esta última cota la iguala, sin embargo, Castilla-La Mancha, donde el socialista Emiliano García-Page busca revalidar su mandato el domingo. Les siguen Asturias y Baleares, con alzas de gasto del 12,5%, y Canarias, del 11,90%, todas ellas en manos socialistas que se presentan a la reelección el domingo.

Completan el listado de comunidades con un alza de gasto superior a la media nacional Murcia (11%) y Madrid (10,7%), dos plazas donde el PP aspira a consolidar su mandato el 28-M. A partir de ahí, los incrementos del gasto se moderan al 9,9% en Navarra; 9,8% en La Rioja; 9,3% en País Vasco; 8% en Cataluña, Extremadura y Galicia; 6,9% en Comunidad Valenciana y 6,5% en Cantabria, la región que menos incrementa su presupuesto de gasto no financiero pese a que el líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, busca la reelección haciendo gala de las fuertes inversiones en infraestructuras que ha puesto en marcha.

La medida se aprobó durante seis meses, es decir, hasta junio (incluido este mes). la gran duda es si el Gobierno la prorrogará o no. Desde el sector de la distribución tienen claro que hasta que no pasen las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo no sabrán que ocurrirá. "Aún no sabemos si se prorrogará o no", señalan fuentes del sector a este medio. "Suponemos que habrá debate en el Gobierno, pero en todo caso, es muy probable que, como mínimo, hasta después de las elecciones del 28 no se sepa nada", añaden.

Y lo cierto es que la prórroga de esta medida no ha entrado en la campaña electoral. En cambio, sí lo han hecho otro tipo de propuestas y anuncios por parte del Gobierno que más tarde han sido aprobados en Consejo de Ministros. Puede ser porque su efecto no se ha notado todo lo que los consumidores esperaban. En enero, el precio de los alimentos siguió creciendo hasta el 15,4%. En febrero subió al 16,6% y en marzo fue del 16,5%.

La principal razón fue que los costes de producción en origen (en el campo) no dejaron de aumentar. Nos referimos a los fertilizantes, la energía, el combustible... Todo ello supuso subidas de precios en los diferentes eslabones de la cadena y, por tanto, en el precio final del consumidor. También puede ser porque la inflación de los alimentos ahora parece que se está rebajando. En abril se moderó hasta el 12,9%, mientras que el Índice de Precios de Consumo (IPC) general se situó en el 4,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aun así, sigue siendo demasiado elevada para el bolsillo de los consumidores. Estas dos reflexiones sobre su impacto menor al esperado y el inicio de una moderación de los precios estarán sobre la mesa del Gobierno tras las elecciones.

La medida levantó mucha polémica dentro del sector, puesto que dejó a la carne y el pescado fuera de las rebajas del IVA. Recordemos que sólo se aplicó al aceite y la pasta (bajó del 10% al 5%) y a los alimentos de primera necesidad (del 4% al 0%).  Dejar fuera a la carne y el pescado tuvo dos consecuencias directas: subida de precios más notable en estas categorías de alimentos y menor consumo de ellos, especialmente en el pescado. Su consumo cayó un 20% en los primeros meses de 2023.

De hecho, la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc y la consultora PwC calcularon que si este IVA se hubiera rebajado, el IPC de alimentación se habría situado en el 13,7% en el mes de enero, en una rebaja del IVA al 5%, o bien en el 11,7%, con el IVA al 0%.

Ayer, los sindicatos de la Inspección laboral se aliaron con el Ministerio de Trabajo para demandar conjuntamente al Ministerio de Hacienda, en particular a la Secretaría de Estado de Función Pública, que cumpla con los acuerdos establecidos y apruebe una nueva estructura de empleo, además de contratar a casi 800 empleados adicionales. Estos trabajadores se sumarían a los 3.000 ya existentes en la Inspección de Trabajo.

El miércoles pasado surgió controversia cuando el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, informó a los representantes sindicales de la Inspección laboral sobre la negativa del Ministerio de Hacienda a aprobar una nueva estructura de empleo, que implicaría una reorganización del trabajo en este organismo, junto con nuevos sistemas de compensación y el desarrollo de trayectorias profesionales.

Desde el entorno del Ministerio de Trabajo atribuyeron inmediatamente esta decisión de Hacienda a razones políticas. De hecho, interpretaron que la Secretaría de Estado de Función Pública ha resuelto recientemente los problemas de personal en los ministerios de Justicia y Seguridad Social, que dependen del partido socialista en el Gobierno, mientras que ahora se niega a cumplir lo acordado para la Inspección de Trabajo, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, perteneciente a Unidas Podemos.

Como resultado, los responsables del Ministerio de Trabajo acordaron ayer con los sindicatos trasladar a la Secretaría de Estado de Función Pública la insatisfacción del ministerio dirigido por Yolanda Díaz y de los representantes de los trabajadores.

Dicho malestar ya fue adelantado ayer en la concentración que mantuvieron los sindicatos CC OO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess ante la Dirección General de la Función Pública. Donde advirtieron a Hacienda de que si no aprueba dicha relación de puestos de trabajo intensificarán las movilizaciones en junio, cuando está prevista una huelga que podría ser indefinida a partir del 26 de junio.

El responsable de Acción Sindical de CC OO, en la Administración General del Estado, Josetxo Gandara, recordó, como ya lo hicieron desde el entorno de Trabajo este miércoles, que "no existe ninguna razón" para que el Ministerio de Hacienda no cumpla con lo pactado con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en 2021 respecto a las mejoras en la organización de la Inspección de Trabajo y ha recordado que hay "una obligación legal" de acometerlas porque están incluidas en el Plan Estratégico del organismo y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.