Cerca del 73,1% de las empresas españolas han enfrentado "grandes dificultades" para cubrir ciertos puestos en el último año, según el 'Estudio Sodexo de Tendencias en Recursos Humanos 2023'. Este problema se agrava en las empresas con más de 250 empleados, alcanzando un 90,3% de dificultad. El informe revela que el 74,8% de los responsables de recursos humanos considera que la escasez de talento es el factor principal que dificulta la contratación para estos puestos, además de las nuevas demandas de los candidatos en cuanto a la propuesta de valor de las empresas.

En este sentido, el 69,2% de los responsables de recursos humanos indica que las demandas de los candidatos en relación con los nuevos empleos han aumentado. Lo más valorado por los candidatos, en orden de importancia, es el salario (61,9%), seguido de la flexibilidad horaria y la conciliación laboral (47,5%) y el teletrabajo (44,6%). Ante esta situación, el estudio revela que el 41,7% de las empresas está considerando tomar medidas a corto o medio plazo para satisfacer las demandas de los candidatos y lograr su incorporación.

En este contexto, Sodexo destaca que la formación y las herramientas de detección de talento se han convertido en factores clave para retener empleados, y muchas empresas están mejorando sus programas para atraer nuevas promesas. De hecho, el 81,1% de las empresas utiliza programas de formación como una herramienta para capacitar a los equipos en las nuevas habilidades requeridas y al mismo tiempo aumentar el compromiso de los empleados.

Además, el estudio señala que más del 53,7% de las empresas prefiere formar internamente al talento en lugar de buscarlo externamente.

El Índice de Precios Industriales (IPRI) continúa mostrando un comportamiento moderado. Después de experimentar aumentos de más del 40% interanual el año pasado debido al encarecimiento de la energía, el indicador está ahora en declive, lo que alivia la presión de los precios industriales sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en general. Según los últimos datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el indicador ha experimentado una reducción de tres puntos, registrando un descenso interanual del 4,5%.

El fuerte aumento de los precios de la energía durante los meses de marzo y abril de 2022, como resultado del inicio de la guerra en Ucrania, ha generado un efecto escalonado que distorsiona las variaciones porcentuales, ya que los aumentos del año pasado fueron excepcionalmente altos. Sin embargo, en términos mensuales, el indicador también muestra una tendencia a la baja y se redujo un 2% en abril.

En cuanto a los componentes del IPRI, los bienes de consumo aumentaron un 0,2% en términos mensuales, alcanzando un crecimiento interanual del 10,8%. Los bienes de consumo no duraderos crecieron un 11,2%, mientras que los bienes de consumo duraderos lo hicieron en un 3,9%. Los precios de los bienes de equipo, que son un indicador clave de la inversión empresarial, aumentaron un 0,4% en comparación con marzo, registrando un incremento interanual del 3,6%. Por otro lado, los precios de los bienes intermedios y de la energía son los dos índices con registros negativos del 0,8% y 5,9%, respectivamente, en términos mensuales, con caídas interanuales del 0,2% y 20,5%.

Centrándonos en los bienes de consumo, el encarecimiento se ha visto impulsado principalmente por la elaboración de alimentos. En particular, el procesado y conservación de carne y la elaboración de productos cárnicos han experimentado un aumento del 1,8% en el mes, mientras que el procesado y conservación de alimentos marinos ha crecido un 1,2% y la producción de frutas y hortalizas un 0,7%, siendo estas actividades las que más han contribuido a aumentar la tasa del IPRI. Sin embargo, no todos los alimentos han experimentado aumentos de precios. La fabricación de aceites y grasas vegetales y animales ha disminuido un 3,2% entre marzo y abril.

En el otro lado de la balanza, se encuentran los productos energéticos que han tenido un impacto agudo en la moderación de los precios en la industria. La producción, transporte y distribución de energía eléctrica ha caído en un 7,4% en un mes. El refino de petróleo y la producción de gas también han caído en el orden de un 4,7% y un 5% en abril.

La energía, los piensos y los fertilizantes representan casi el 70% de los costes de las explotaciones agrarias y ganaderas, indica el Ministerio de Agricultura. El súbito encarecimiento de estos productos fue una de las claves para que la alimentación fuera el principal motor de la inflación, en sustitución de la energía. El valor de los piensos subió un 83% desde 2019, según los datos del sector avícola; la energía ha batido récords históricos de más de 300 euros el megavatio-hora (MWh) y de más de 120 euros el barril de Brent y los fertilizantes, cuya cuota de mercado depende en un 20% de las exportaciones de Rusia y Bielorrusia, llegaron a triplicar los precios, indican desde Agricultura.

Ha entrado hoy en vigor este conjunto de normas que, entre otras medidas, establece de manera permanente límites para los alquileres y crea los conceptos de áreas tensionadas y grandes tenedores, temas que han estado en el centro del debate político en los últimos meses. Han pasado 19 meses desde que se presentó el anteproyecto de ley en octubre de 2021 en el Consejo de Ministros. La tramitación en el Congreso de los Diputados retrasó su aprobación debido a las discrepancias entre el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios en este asunto. La proximidad de las elecciones de este domingo aceleró el acuerdo y la ley fue aprobada en el Congreso y posteriormente en el Senado.

De esta manera, la ley llega en el momento oportuno para el último tramo de la campaña electoral y se presenta como la principal victoria de sus impulsores. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró que "la vivienda es un derecho y no un bien de lujo. Cumplimos". Por su parte, Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, afirmó que "ahora es el momento de aplicarla en todo el territorio del país", refiriéndose a que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y algunos gobiernos regionales, como Madrid, Andalucía o País Vasco, se han mostrado frontalmente en contra.

Por otro lado, la oposición también aprovechará estos últimos días para intensificar sus críticas a la ley. Las críticas de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, se sitúan en el extremo opuesto al Gobierno y sus socios, afirmando que la ley "da carta blanca a los okupas". La portavoz nacional de Vox, Patricia Rueda, también compartió este argumento y criticó que la ley "tiene la marca y el sello de Bildu".

Tampoco existe un consenso especial entre el sector inmobiliario y los consumidores. El Colegio Oficial y la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid afirmaron ayer que la ley "agrava los temores de freno a la inversión y no logra disipar la incertidumbre generada durante los últimos meses". Por otro lado, según un estudio del Grupo Mutua Propietarios, el 68% de los inquilinos está a favor de la ley, un dato que contrasta con el porcentaje de aprobación por parte de los propietarios, que desciende al 51%.

Aunque la Ley por el Derecho a la Vivienda entra en vigor hoy, habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2024 para que se aplique una parte de la misma. Esta parte se refiere a los incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los alquileres de viviendas, los cuales han experimentado algunos cambios. Estas son, en líneas generales, las principales reformas que se derivan de la Ley de Vivienda.

Declaración de áreas tensionadas: En los últimos meses, los precios de compra y alquiler en las grandes ciudades han aumentado de manera casi insostenible, lo que ha llevado a un aumento en la carga financiera necesaria para hacer frente a la hipoteca o al alquiler mensual. En respuesta a esta situación, la ley establece el concepto de áreas tensionadas, donde se aplicarán controles más estrictos con el objetivo de evitar aumentos significativos en los precios de alquiler.

Para que una zona sea considerada como área tensionada, debe cumplir uno de los siguientes requisitos: "Que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionada un porcentaje de crecimiento acumulado al menos un 3% superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente". Según estos criterios, ciudades enteras como Madrid, Barcelona o Valencia serían consideradas áreas tensionadas.

Los expertos advierten que la implementación de medidas intervencionistas puede tener el efecto contrario al deseado, es decir, puede reducir aún más una oferta de vivienda que ya es escasa. El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad de España advirtió hace unos días que "presenciaremos una disminución en la oferta de viviendas en alquiler. Muchas de las viviendas actualmente disponibles para alquiler saldrán al mercado de venta".

Límites al alquiler: En marzo de 2022, el Gobierno consideró necesario establecer límites a las actualizaciones de los contratos de alquiler debido a la inflación generada por el conflicto en Ucrania. Así, se impuso un límite del 2% para la renovación de los contratos de arrendamiento, inicialmente considerado como temporal, pero la Ley de Vivienda ha convertido en permanentes.

De este modo, los límites serán del 2% este año, del 3% en 2024 y estarán definidos por un nuevo índice, que será diseñado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de 2025. Además, el límite también se aplicará a los nuevos contratos en las áreas tensionadas, donde la renta de una vivienda no podrá superar la renta anterior de esa vivienda en los últimos cinco años, una vez aplicada la actualización anual de la renta. Esto pretende evitar que, en caso de una situación inflacionaria, la renovación de los contratos implique un aumento significativo de la renta.

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, considera que estos límites suponen un "cambio de reglas a mitad del juego", que ha sorprendido a los propietarios, quienes tienen que soportar los efectos de la inflación en beneficio del inquilino. En cuanto al índice que establecerá los límites a partir de 2025, afirma que genera una gran incertidumbre, lo que podría llevar a "la retirada del mercado por parte de los propietarios al no querer asumir un mayor riesgo, o la anticipación de futuras actualizaciones en el precio inicial para compensar los posibles efectos de la inflación en el futuro".

Grandes propietarios: Según la nueva ley, se considerará como gran tenedor a cualquier persona que sea propietaria de cinco viviendas o más en áreas tensionadas, o de diez viviendas o más en otras ubicaciones. Para los grandes propietarios, se aplicarán medidas más restrictivas que para el resto de propietarios, como límites de alquiler más severos o la obligación de proporcionar información a las autoridades sobre el uso y destino de las viviendas de su propiedad ubicadas en estas áreas de mercado residencial tensionado, con el fin de evitar prácticas de retención y desocupación indebidas.

Inquilinos vulnerables: La ley también impide que los grandes propietarios puedan desalojar a inquilinos vulnerables. Además, en general, se establecen nuevas prórrogas en los procedimientos de desalojo, lo que permite aplazar los procesos durante más de dos años. Se reconoce la posibilidad de utilizar fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales a personas en riesgo de desalojo mediante alquileres sociales, y se prohíben los desalojos sin una fecha y hora predeterminadas. El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid destacó que cuestiones como "la inseguridad jurídica generada en torno a los desalojos anuncia un impacto negativo en todo el mercado: la restricción de la oferta de viviendas en alquiler".

Beneficios sociales: La deducción general en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los ingresos netos de alquiler se reducirá del 60% al 50%. A cambio, se establecen otras deducciones para las viviendas ubicadas en áreas tensionadas: del 90% si se reduce el 5% del alquiler, del 70% para la primera vez que se alquile una vivienda a inquilinos de entre 18 y 35 años, y del 60% cuando la vivienda haya sido rehabilitada previamente, con una diferencia de no más de dos años desde la firma del contrato. Por otro lado, se establece un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías.

Vivienda social: La ley establece que el 40% de los suelos urbanizables de las nuevas promociones y el 20% de los suelos no consolidados que deban someterse a reformas sean destinados a vivienda social. El Gobierno se ha marcado como objetivo aumentar el porcentaje de viviendas públicas en España, que está muy por debajo de la media europea.

Gastos de agencia: A partir de ahora, los propietarios no podrán cargar al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y los gastos de formalización del contrato. Hasta ahora, era común que el inquilino asumiera estos gastos, que solían equivaler al 10% del precio anual del alquiler, más el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

La Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), presidida por Christine Lagarde, también presidenta del Banco Central Europeo (BCE), urgió ayer a los supervisores a implementar medidas para monitorear la exposición de las instituciones financieras tradicionales a las criptomonedas y otros activos digitales.

En un informe, el organismo europeo destacó la necesidad de seguir de cerca los posibles canales de contagio que podrían haber surgido con el auge de las criptomonedas en los últimos años, debido a su volatilidad característica. Para lograr esto, se sugiere "fomentar requisitos estandarizados de presentación y divulgación de información" para que los bancos y los fondos de inversión revelen su exposición y vínculos con las criptomonedas.

Además, también se recomienda solicitar esta misma información a los emisores de stablecoins, para asegurarse de que tienen la solvencia adecuada para respaldar el valor de su moneda si fuera necesario, y a las plataformas de negociación de activos digitales, para garantizar que sus posibles problemas no afecten los fondos depositados por terceros o a entidades financieras tradicionales vinculadas.

Según la ESRB, por el momento, "el mercado de criptoactivos tiene poca conexión con el sector financiero tradicional y la economía real, y ninguna de ellas es significativa en la actualidad". Sin embargo, debido al crecimiento exponencial y la volatilidad de los criptoactivos, considera que "deben ser estrechamente monitoreados, ya que podrían plantear riesgos sistémicos".

La entrada en vigor del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCa, sitúa a Europa en una posición regulatoria favorable en comparación con otras regiones, pero también incentiva a las instituciones financieras tradicionales a incursionar en la prestación de servicios relacionados con activos digitales. Por lo tanto, la ESRB reconoce que con el nuevo marco regulatorio, la iniciativa legislativa aún no ha concluido.

"Dadas las dinámicas de crecimiento exponencial registradas en el pasado por los criptoactivos, el desarrollo de estos mercados es incierto", subraya la institución que preside Lagarde. La ESRB baraja tres escenarios que podrían hacer que las criptomonedas tuvieran la capacidad de generar riesgos sistémicos a la economía europea.

En primer lugar, destacan la posibilidad de que una stablecoin, una criptomoneda con valor estable ligado a otra divisa como el dólar o a una cesta de activos, se volviera demasiado grande como para convertirse en una amenaza. La institución sitúa ese umbral en 10 o 20 veces el tamaño de los fondos del mercado monetario de BlackRock, que alcanzan los 450.000 millones de dólares. Con esa dimensión, y sin el debido respaldo, un episodio de pánico podría derivar en contagio y ventas que propaguen el daño al sistema financiero.

Alemania finalmente no logró evitar la recesión, ya que se confirmó un segundo trimestre consecutivo de contracción en su Producto Interno Bruto (PIB). Esto ocurre en un momento crucial para la coalición liderada por el canciller Olaf Scholz.

La mayor economía de la zona euro experimentó una caída del 0,3% en su PIB en el primer trimestre del año, según los datos definitivos del Departamento Federal de Estadística (Destatis). Estas cifras, publicadas este jueves, se suman al 0,5% de contracción registrado en el último trimestre de 2022, lo que técnicamente se define como una recesión.

En Berlín, los datos de Destatis fueron recibidos como un duro golpe. Solo unas semanas antes, el mismo departamento de estadísticas había aliviado la situación al publicar estimaciones provisionales que apuntaban a un estancamiento del 0,0%.

El principal factor que ha llevado a estos datos a la zona de recesión es el consumo privado, que ha disminuido un 1,2% debido al impacto de la inflación. Aunque el aumento del índice de precios al consumo (IPC) ya no se encuentra en los niveles críticos que había alcanzado en el último trimestre de 2022. En octubre, se registró un nivel récord del 10,4% interanual. En los meses siguientes, se logró contener ese nivel récord, bajando en abril al 7,2% interanual, según Destatis.

Sin embargo, sigue siendo un nivel demasiado alto como para estimular el consumo privado, según destacó Jörg Krämer, analista de la televisión pública ARD. La disminución de la inflación se ha observado de manera constante, especialmente en los precios de la energía. En enero, el aumento del IPC en este sector aún era del 23,1% interanual, mientras que en febrero había bajado al 19,1% y en marzo al 3,5%. Sin embargo, el costo de la canasta básica de alimentos sigue siendo inflacionario: un 17,2% interanual en abril, en comparación con el 21,8% de febrero y el 22,3% de marzo.

El tripartito liderado por Scholz, conformado por los socialdemócratas, los verdes y los liberales, ha hecho todo lo posible desde el comienzo de la guerra en Ucrania y la crisis energética resultante para implementar medidas que contengan el aumento de los precios del sector y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los suministros. Evitar que Alemania se quede sin gas durante el invierno, como se temió con la interrupción de los envíos desde Rusia, se consideró un éxito en la gestión del ministro de Economía, el verde Robert Habeck.