La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha señalado que esta legislación tiene como objetivo fortalecer "la participación de las mujeres en los órganos de gobierno de nuestro país y superar las barreras invisibles". La ley establecerá la obligación de contar con al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales mediante listas intercaladas, los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público.

Esta ley también afectará a los órganos constitucionales del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Fiscal, para garantizar una representación equitativa. Las empresas tendrán plazos para adaptarse a la ley según su tamaño: antes del 1 de julio de 2024 para las empresas cotizadas y hasta julio de 2026 para las empresas no cotizadas con más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación anual.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos de cada Ministerio, como las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales, deberán seguir este principio de "representación equilibrada" en los próximos cinco años, hasta 2028. El anteproyecto de ley también establece que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de las Mujeres serán los organismos responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones de representación equitativa en las empresas cotizadas y las entidades de interés público, respectivamente.

Las empresas que cotizan en el Ibex 35 tendrían que nombrar a otras once consejeras para alcanzar un 40% de mujeres en los consejos de administración, según un informe publicado también por la CNMV, el organismo que supervisa los mercados bursátiles españoles. Este porcentaje era una de las recomendaciones que se incluían en la última revisión del Código de Buen Gobierno, de 2022, y ahora se ha recogido en la Ley de Paridad aprobada hoy en segunda vuelta, para llevarla al Parlamento y tramitar su aprobación antes de que termine la legislatura.

Según destaca el informe de la CNMV, que será uno de los organismos que velará por el cumplimiento de la Ley, el porcentaje de mujeres consejeras superó por primera vez el 30% en el cómputo global de las compañías cotizadas, en tanto que más de la mitad de las pertenecientes al Ibex 35 alcanzaron o superaron el 40%. Para lograr la paridad en el total de empresas cotizadas, se tendrían que nombrar a 99 consejeras, explica el informe, que recuerda que las empresas del Ibex cuentan con 426 consejeros y consejeras y el conjunto de las cotizadas tienen 1.207.

En todo caso, aún queda margen de mejora, dice la CNMV, que recuerda que, según los datos publicados, 33 empresas, 18 de ellas del Ibex 35 ya alcanzan el objetivo del 40%, pero todavía hay 44 compañías (5 del Ibex) que ni siquiera llegan al 30%, que era la anterior recomendación del Código.

Un análisis llevado a cabo por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), basado en microdatos extraídos de la Encuesta Europea de Estructura Salarial de la UE, revela que las empresas con mayores dificultades para cubrir sus vacantes laborales son precisamente aquellas que ofrecen salarios más bajos por hora trabajada, con una media de un 9% por debajo del sector.

Este estudio se ha realizado utilizando información de 22 países, desmintiendo la idea de que la escasez de mano de obra esté relacionada únicamente con la falta de habilidades profesionales, como suele argumentarse, o con la existencia de ciertos beneficios sociales que desincentivan la búsqueda de empleo. Su principal conclusión es que existe una estrecha relación entre las vacantes y los salarios. En 13 de los 22 estados miembros de la UE para los que se disponen de datos, los sectores que experimentaron un mayor crecimiento en la escasez de mano de obra entre 2019 y 2022 también ofrecieron los salarios más bajos.

De acuerdo con el trabajo realizado por los economistas de la CES, presentado durante el Congreso del sindicato de sindicatos europeos en Berlín, las mayores brechas salariales entre los sectores con mayores y menores aumentos en la escasez de mano de obra se encuentran en Italia (4,17 euros por hora), Luxemburgo (4,16 euros), Alemania (3,26 euros), Países Bajos (2,49 euros) y Grecia (1,51 euros). En el caso de España, las empresas con menor escasez de mano de obra pagan 1,18 euros más por hora trabajada que aquellas que enfrentan mayores problemas en el mismo sector. Para llegar a esta conclusión, el estudio compara puestos de trabajo equivalentes en términos de edad, género, educación, ocupación, antigüedad en la empresa, propiedad y tamaño de la empresa, así como el tipo de contrato. Y revela que los sectores donde la escasez aumenta son aquellos que emplean con mayor frecuencia a trabajadores con contratos más precarios, ya sean jóvenes con menor nivel educativo o con contratos temporales.

El estudio presta especial atención al caso de Alemania, que desde hace años viene sufriendo problemas de falta de mano de obra, lo que ha obligado a Berlín a abrir las fronteras para favorecer la entrada de inmigrantes. En este caso, la escasez de mano de obra aumentó, sobre todo, en las industrias extractivas, la construcción, el alojamiento, los servicios profesionales y administrativos, además de la salud y el trabajo social. Pues bien, a estos sectores se les paga 16,65 euros de media, muy por debajo de los 19,91 euros pagados por sectores donde la escasez aumentó mucho menos.

Los últimos datos de Eurostat sobre el número de vacantes laborales muestran, en el conjunto de la zona euro, que continúan creciendo, hasta situarse en el 3,1% de la fuerza laboral en el cuarto trimestre de 2022. Este porcentaje supone prácticamente el doble que hace apenas una decena de años, lo que refleja el desequilibrio entre oferta y demanda de puestos de trabajo. Entre los Estados miembros que disponen de datos comparables, destacan Austria, Bélgica y Países Bajos (en todos los casos por encima del 4%), mientras que en el lado opuesto se encuentran Rumania y Polonia (0,8%), un nivel prácticamente idéntico al de España. (0,9%). En este caso, las mayores vacantes se dan en el sector servicios, muy por encima de la construcción y de la industria.

Y esto ocurre gracias al impulso de los servicios, aunque la tasa de expansión se ha moderado alcanzando su nivel más bajo en tres meses debido a una mayor contracción en el sector manufacturero, según los datos preliminares del índice compuesto de gestores de compra (PMI) elaborado por Hamburg Commercial Bank y S&P Global.

Específicamente, el PMI compuesto de la eurozona registró un avance de 53,3 puntos en mayo, en comparación con los 54,1 puntos de abril, lo cual representa su lectura más baja en tres meses, aunque todavía se encuentra por encima de los 50 puntos que marcan la diferencia entre el crecimiento y la contracción. El PMI del sector servicios aceleró su expansión a 59,9 puntos, mientras que el PMI manufacturero se situó en 44,6 puntos en comparación con los 45,8 de abril, siendo esta su peor lectura en 36 meses.

El buen desempeño de la actividad económica se atribuye al comportamiento positivo de los servicios, que experimentaron el segundo mayor incremento en el último año, mientras que la industria manufacturera profundizó en su contracción. "Es probable que el PIB de la zona euro haya crecido en el segundo trimestre del año gracias a las condiciones favorables en el sector de servicios. Sin embargo, el sector manufacturero representa un obstáculo significativo para el impulso de la economía en su conjunto", advirtió Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

En mayo se registró un aumento de los pedidos, aunque fue el menor en cuatro meses, debido a que el sector manufacturero sufrió una caída "a un ritmo cada vez mayor", que no pudo ser compensada por el quinto aumento consecutivo en el sector servicios. Esta divergencia también se observó en la evolución del empleo, que creció "ligeramente" en el sector manufacturero, pero de manera mucho más intensa en los servicios.

Los responsables de la encuesta PMI destacan que la fuerte demanda tras la pandemia fortaleció el poder de fijación de precios en el sector servicios, permitiendo a las empresas repercutir el aumento de los costes (especialmente, salariales), lo cual a su vez generó una marcada y acelerada tasa de inflación de los precios de venta de servicios, mientras que la debilidad de la demanda manufacturera y la caída de los precios de las materias primas causaron el primer descenso de los precios de venta en el sector desde septiembre de 2020.

De este modo, De la Rubia considera que los datos del PMI "causarán un dolor de cabeza al Banco Central Europeo", ya que los precios de venta en el sector servicios han aumentado más que en el mes anterior y es precisamente la evolución de los precios en este sector un factor que el BCE observa con gran atención e "impide que realice una pausa en las tasas de interés".

Por otro lado, una nota positiva de la encuesta PMI es que las empresas de la zona euro siguen contratando y el empleo está aumentando incluso en el debilitado sector industrial, lo que mitiga el riesgo de desencadenar un espiral recesiva en la región.

El Banco Central Europeo (BCE) ha establecido la necesidad de que los inversores que planeen adquirir una participación significativa en el capital de un banco, o que deseen aumentar su participación existente, lo notifiquen tan pronto como tomen la decisión. Esto debe hacerse antes de que se lleve a cabo la operación, a menos que haya excepciones. Estas directrices se encuentran en la Guía sobre Procedimientos de Participaciones Cualificadas, emitida por el supervisor con el objetivo de aclarar cuándo los inversores están obligados a cumplir con este proceso y qué se espera de ellos por parte del BCE.

El texto fue publicado por primera vez a finales del año pasado, pero ahora se presenta en su versión final después de haber sido sometido a consulta pública con el sector y de responder a las preguntas e inquietudes planteadas. Según el BCE, cualquier accionista que tenga o vaya a tener una participación del 10% o más en una entidad, o que ejerza una influencia significativa sobre la misma, posee una "participación cualificada" y, por lo tanto, debe obtener una autorización previa por parte del supervisor. También se requiere autorización si se desea aumentar la posición y se superan umbrales como el 20%, el 30% o el 50% del capital.

El requisito del BCE también se aplica a aquellos inversores que, con una participación inferior al 10% del capital o de los derechos de voto, puedan ejercer una influencia notable en la gestión de la entidad por cualquier motivo. La institución evaluará cada caso individualmente. Aunque teóricamente ya se exigía la aprobación del supervisor para tener participaciones relevantes en la propiedad accionarial de una entidad, el BCE señala que "se ha observado que, en algunos casos, los posibles adquirientes incumplen de manera deliberada o no esta obligación, y el supervisor toma conocimiento de la adquisición o el aumento de participación una vez que ya se han producido".

El BCE confía en que estos casos se reduzcan considerablemente con la nueva guía, lo que le permitirá tener un mayor conocimiento de los movimientos que se producen en el accionariado de la banca y mejorar su supervisión. El BCE sostiene que la notificación debe producirse "tan pronto como el adquirente tenga conocimiento de que va a realizarse la adquisición o pueda esperar que se lleve a cabo", esto implica que, a más tardar, se debe avisar al supervisor "cuando se presenta la oferta final al vendedor".

El supervisor limita mucho los casos excepcionales en los que acepta que un movimiento significativo en el capital de un banco se produzca sin que se le notifique previamente. El más característico es la conversión automática de bonos contingentes convertibles (CoCos) a la que es difícil anticiparse. En ese caso, el BCE indica que "la notificación deberá presentarse inmediatamente después de haber tenido conocimiento de que la adquisición se ha realizado".

Para las adquisiciones temporales, como en la intermediación de un bróker, sólo estarán exentos si la transferencia de las acciones a un tercero ocurre de inmediato. En los incrementos del peso en el capital de forma imprevista, como puede suceder cuando se produce una recompra de acciones, el BCE solicita que se le notifique tan pronto como el inversor sea consciente de ello.

En su intervención en el foro de la Asociación de Mercados Financieros Europeos (AFME), Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y responsable de la estabilidad financiera, advirtió sobre las deficiencias estructurales presentes en el sector de los fondos de inversión y destacó que sin una supervisión adecuada, podrían enfrentar serios problemas durante momentos de crisis. El banquero central enfatizó que "a pesar de la reducción reciente de los riesgos, las vulnerabilidades estructurales relacionadas con la liquidez y el apalancamiento siguen siendo significativas" y urgió a tomar medidas, señalando que "no hay espacio para la complacencia".

Guindos se centró específicamente en los fondos abiertos, que son los más comunes, al mencionar que "permiten reembolsos diarios sin previo aviso, lo cual puede generar desequilibrios, especialmente cuando invierten en activos relativamente ilíquidos, como bonos corporativos de baja calificación crediticia". El sector financiero no bancario, que incluye fondos de deuda, fondos de pensiones y aseguradoras, ha experimentado un rápido crecimiento en Europa desde la crisis financiera. Su importancia en la zona del euro ha aumentado de 15 billones de euros a 31 billones. Mientras las entidades bancarias tradicionales han estado sujetas a una regulación cada vez más estricta, el resto del sector se ha desarrollado sin la supervisión necesaria.

"Hay menos salvaguardas para el sector financiero no bancario y los riesgos han crecido de forma desenfrenada. Veo la necesidad de más esfuerzos regulatorios", explicó Guindos. El vicepresidente del BCE aboga por exigir a los fondos que tengan un equilibrio entre la liquidez de su cartera de activos y su política de reembolsos. De esta forma, las inversiones en activos poco negociados en el mercado secundario tendrían que tener tiempos de espera más largos entre que el inversor solicita la devolución de su dinero y ésta se ejecuta.

Además, a los fondos que permiten los reembolsos diarios se les debería exigir una cota de inversión mínima en activos líquidos, así como el despliegue de herramientas que impidan una retirada masiva del dinero gestionado para poder navegar tanto en circunstancias normales como en momentos de inestabilidad. "La introducción de colchones de liquidez en los fondos sería muy útil para gestionar las mayores necesidades de reembolsos de los partícipes en periodos de estrés", aseguró Guindos.

El banquero central recordó que, en los primeros compases de la pandemia, los desajustes en la liquidez de los fondos monetarios estuvieron al borde de provocar una nueva crisis financiera, abortada por la intervención del BCE. La Comisión Europea lanzó entonces una reforma integral de herramientas llamada a corregir esta situación de cara a futuros episodios de estrés, pero no ha progresado. "Esto se debe llevar a cabo como un asunto de máxima prioridad, al tiempo que se garantiza un enfoque que sea consistente con la normativa global", indicó Guindos.