Ayer, el Ministerio de Justicia llegó a un acuerdo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales, mediante el cual los aproximadamente 8.000 profesionales de ambas carreras recibirán un aumento salarial de hasta 450 euros al mes.

Después de cinco reuniones celebradas con el ministerio encabezado por Pilar Llop en el marco de la Mesa de Retribuciones, que comenzaron el 3 de mayo para abordar las demandas salariales que llevaron a los jueces y fiscales a convocar una huelga indefinida para el 16 de mayo (la cual finalmente fue suspendida), se alcanzó este acuerdo.

Las negociaciones concluyeron el pasado viernes, cuando las seis asociaciones decidieron aceptar la oferta del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la asociación mayoritaria entre los jueces, se ha distanciado de este acuerdo al considerarlo "insuficiente, indigno e inaceptable". Aunque no ha aclarado si planean mantener las protestas o volver a plantear una huelga. En cualquier caso, el acuerdo también afectará a los asociados de la APM.

Este acuerdo firmado ayer solo resuelve uno de los muchos conflictos que en los últimos meses han generado tensiones y han afectado aún más al funcionamiento del sistema judicial. Se suma al acuerdo alcanzado a finales de marzo con los letrados, que también contemplaba un aumento salarial de hasta 450 euros.

Sin embargo, los problemas en Justicia se mantienen con la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, que se inició el 17 de abril con paros diarios parciales y este pasado lunes se ha elevado a huelga indefinida ante la falta de respuesta de Justicia, que aún no ha comenzado a negociar con este colectivo. A ellos se les unirán desde hoy los equipos técnicos forenses y personal laboral de la Administración de Justicia, que también reclaman una mejora salarial.

Después del contundente revés sufrido por el sistema español ante la justicia de la Unión Europea hace un año, el Gobierno está preparado para suavizar las restricciones legales existentes en España en lo que respecta a la reclamación de compensaciones al Estado por el incumplimiento de la legislación comunitaria. En concreto, el Ministerio de Hacienda acaba de abrir un proceso de consulta pública sobre el borrador de ley de modificación del régimen de reclamaciones contra la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que estará vigente hasta el 12 de junio.

El modelo actualmente en vigor en España fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia emitida a finales del pasado mes de junio. Esta sentencia obligó a España a modificar su legislación si no quería enfrentarse a severas sanciones. El tribunal dictaminó que el régimen de reclamaciones al Estado aplicado en España era tan complejo que en la práctica resultaba "prácticamente imposible o excesivamente difícil" obtener la compensación requerida.

Este sistema fue establecido en 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy implementó una especie de protección contra reclamaciones tras enfrentar solicitudes por valor de 1.600 millones de euros luego de que la justicia europea anulara el impuesto conocido como "céntimo sanitario".

El sistema impulsado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, requería que, para presentar una reclamación contra la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en caso de incumplimiento de la normativa europea, el ciudadano debía haber agotado previamente los recursos administrativos y obtener una sentencia firme que desestimara sus pretensiones. Además, durante este proceso judicial, el interesado debía alegar explícitamente la infracción del Derecho comunitario y esperar a que el TJUE resolviera sobre el asunto. Por último, la solicitud de indemnización debía presentarse dentro de un año a partir de la publicación de la sentencia del TJUE, y solo se permitía reclamar daños sufridos en los últimos cinco años.

Semejante diseño fue denunciado por particulares ante la Comisión Europea, que acabó interponiendo un recurso contra España que el TJUE resolvió a favor de Bruselas. Los magistrados se opusieron exigencia de un fallo suyo contra las leyes nacionales como única vía para que los ciudadanos tuviesen derecho a reclamar; cargaron contra la limitación de plazos; y aludían a la posibilidad de pedir indemnizaciones por las omisiones de un gobierno, y no solo por sus acciones.

La reforma planteada por Hacienda, ahora bajo la dirección de la ministra María Jesús Montero, suaviza parcialmente las trabas existentes, aunque es de prever que el nuevo diseño sea también contestado si no es modificado durante la actual fase de consulta pública. Así, Hacienda se abre a admitir las reclamaciones también tras sentencias del Supremo y otros jueces nacionales, no solo del TJUE; elimina el límite de cinco años sobre los daños a compensar y, "a fin de evitar generar dificultades excesivas", permite reclamar sin haber obtenido fallo en firme en contra si no hay actuación administrativa impugnable, esto es si se denuncia una omisión.

Aproximadamente el 8,7% de los afiliados a la Seguridad Social en la actualidad son personas mayores de 60 años. Sin embargo, hay sectores que superan este porcentaje y, por lo tanto, se consideran los ámbitos laborales con una población más envejecida o, como indica el informe del SEPE, aquellos que están "mejor posicionados en términos de empleo de reposición". En este sentido, se destaca que las actividades relacionadas con el cuidado de personas mayores, tanto en residencias como en centros de asistencia diurna, son aquellas que cuentan con un mayor número de trabajadores de mayor edad. De hecho, cerca del 15% de todos los empleados en este sector tienen más de 60 años.

Además, en este sector se ha registrado el mayor aumento de trabajadores de edad avanzada durante el año pasado. Por otro lado, en las actividades de servicios sociales sin alojamiento, las plantillas se redujeron en más de un 10% en 2022. De hecho, el SEPE advierte que, dependiendo de la actividad económica en cuestión, el envejecimiento de los empleados puede ser una oportunidad para ajustar el personal según las necesidades del mercado o para anticiparse y buscar perfiles con conocimientos que puedan reemplazar a estas personas.

Después de los servicios sociales y la atención residencial, la siguiente actividad con mayor concentración de trabajadores de mayor edad fue el sector de las actividades inmobiliarias. Sin embargo, el sector envejecido con mayor peso en la estructura productiva fue el de los transportes por carretera y por tubería, donde además el empleo de trabajadores de mayor edad experimentó un crecimiento por encima del promedio del sector durante el año pasado. De hecho, según la asociación empresarial, el sector del transporte es uno de los más afectados por la escasez de mano de obra en la actualidad. De hecho, algunas empresas del sector están capacitando actualmente a conductores en Marruecos.

Este estudio del mercado de trabajo realizado por el SEPE analiza también los distintos grupos de cotización a la Seguridad Social, detectando que la mayor proporción de empleados mayores de 60 años se registra entre los oficiales de primera y segunda. Estos han sido, además, el colectivo que más ha envejecido, ya que en 2021 el 7,4% de los trabajadores con estas categorías tenía más de 60 años y ahora son el 18% de todos ellos. En segundo lugar, los ingenieros y licenciados son los que mayor proporción de mayores tienen, el 13,4% frente al 7,5% del año anterior.

Por el contrario, hubo categorías laborales que rejuvenecieron, como por ejemplo los jefes administrativos entre los que los mayores pasaron de representar el 6% del total en 2021 al 5% en 2022. Y lo mismo ocurrió entre los ayudantes no titulados, donde los mayores de 60 años pasaron de ser el 7,5% al 3,8% en un año.

Asimismo, la inmensa mayoría de los trabajadores más envejecidos en las actividades con mejores perspectivas de empleo (ver gráfico) eran asalariados del régimen general de la Seguridad Social, salvo en los sectores de servicios más avanzados para las empresas como los financieros y de seguros, donde el 72% de los autónomos son mayores de 60 años; las actividades jurídicas y de contabilidad, que tienen un 57% de autónomos mayores de esa edad; y el sector inmobiliario, con más de la mitad de trabajadores autónomos mayores.

En general, sin tener en cuenta el factor de envejecimiento, desde el SEPE apuntan a las siguientes profesiones como las de mayores oportunidades de empleo en el corto plazo: servicios de comidas y bebidas; comercio al por menor; servicios de alojamiento; educación; transporte terrestre y por tubería; asistencia en establecimientos residenciales; y programación, consultoría.

El Ministerio de la Seguridad Social está elaborando dos medidas para fortalecer la protección social y garantizar todos los derechos de pensión para los trabajadores que laboran en el extranjero. La primera medida se dirige a los empleados de empresas españolas que trabajan en el exterior. La segunda medida se enfoca en los funcionarios españoles que desempeñan sus labores en organismos internacionales con sedes en la Unión Europea, Suiza y el Espacio Económico Europeo, es decir, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

La primera norma es una orden ministerial que establece las pautas para la protección de la Seguridad Social en los siguientes escenarios para los empleados en el extranjero de empresas españolas. Esto se aplica cuando estas personas trabajan en un país que no tiene ningún acuerdo de reciprocidad en materia de Seguridad Social con España. En segundo lugar, se brindará cobertura de prestaciones a los empleados extranjeros de empresas españolas que trabajan fuera del país. Esto es necesario debido a que muchos de estos trabajadores pueden no estar cubiertos debido a que no son ciudadanos españoles y, por lo tanto, el acuerdo de reciprocidad entre España y otro país solo cubre a los ciudadanos de ambas naciones.

La Seguridad Social también protegerá a los trabajadores que agoten la protección y las prórrogas proporcionadas por el sistema del país donde están trabajando. Además, se brindará protección a aquellos que se encuentren en países sin un acuerdo de reciprocidad con España, ya que el convenio no contempla a los empleados de empresas españolas desplazados a ese país.

Con esta orden ministerial, la Seguridad Social busca abordar las lagunas en la protección de los trabajadores que se desplazan fuera de España, a pesar de las regulaciones existentes al respecto. Además, se pretende fomentar que los trabajadores de mayor edad acepten las propuestas de sus empresas para trabajar en el extranjero. Con frecuencia, muchas personas rechazan estas oportunidades debido al temor de perder los derechos de Seguridad Social que ya poseen.

Por otra parte, el Ministerio de la Seguridad Social prepara un Real Decreto Ley que puede beneficiar a los funcionarios españoles que trabajan en los organismos internacionales dentro de la UE, Suiza y el Espacio Económico Europeo, para poder acceder a una pensión de la Seguridad Social al llegar a la edad de jubilación. También para mejorarla.

Estos funcionarios podrán computar como cotizados en la Seguridad Social los períodos que hayan trabajado y cotizado en los sistemas de pensiones de los organismos internacionales e intergubernamentales, siempre que cumplan las siguientes condiciones. La primera es que hayan cotizado en la Seguridad Social española, antes o después de haber trabajado en la institución internacional. Además, la medida se aplicará para complementar la cotización de todos aquellos que no tuviesen el período mínimo requerido de quince años para poder acceder a la prestación. O para complementar el tiempo exigido para poder llegar a cobrar toda la pensión. También valdrá el período cotizado a la Seguridad Social de otro país de la UE, antes o después de estar en la organización.

De acuerdo con el informe "Regulaciones sobre el proyecto de ley de Función Pública" elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la legislación actualmente en trámite en el Congreso debe elevar el nivel de exigencia en la selección de los altos directivos del sector público, fortalecer su independencia y proporcionarles mejores herramientas de gestión. Esto implica aumentar su capacidad para reconocer el buen desempeño y sancionar la falta de rendimiento.

En resumen, se busca que la figura del directivo público se convierta en una herramienta para profesionalizar la alta administración del Estado, siguiendo criterios de eficacia y eficiencia empresarial. Desde Fedea se enfatiza la importancia de reducir la carga política asociada a estos cargos. En la práctica, esto implica reducir el elevado número de posiciones que actualmente se ocupan de manera discrecional y basada en criterios políticos.

La premisa subyacente en este trabajo es que la carrera profesional en el sector público debe volverse más atractiva y competitiva en comparación con el sector privado. Además, se considera "imprescindible" desarrollar un plan estratégico de renovación de recursos humanos que aborde las deficiencias actuales en la administración pública, como la falta de habilidades técnicas, digitales y de gestión.

Otros de los asuntos que pone encima de la mesa Fedea es el de la excesiva rigidez que aportan las negociaciones con los sindicatos. Así señala que el proyecto de ley ha introducido algunas disposiciones "muy preocupantes" como lo es la que obliga a pactar previamente con los sindicatos numerosos planes y decisiones, que para Fedea, deberían ser competencia exclusiva de los representantes elegidos de los ciudadanos y de los gestores públicos, lo que amenaza con incrementar las rigideces de la Administración, al tiempo que contribuiría a limitar aún más si cabe su eficacia.

Para Fedea, una de las mayores críticas que plasma el documento presentado este lunes es que el texto persigue "proteger a los empleados públicos más que a los ciudadanos a los que estos supuestamente sirven". Así explica que se olvida que el papel de la Administración es precisamente servir al ciudadano y no otro.

El trabajo coordinado por Ángel de la Fuente insiste en que es importante que la ley recoja de forma explícita que el principal objetivo es la mejora del servicio a los intereses de los ciudadanos y no la mejora de las condiciones de trabajo o la ampliación de derechos de los propios servidores públicos. Considera que este sería solo un primer paso, "pero uno imprescindible", hacia un cambio de cultura sin el cual sería muy difícil el avance hacia la administración pública que sería necesaria para un país como España.