La industria aseguradora está enfrentando dificultades en estos momentos. Durante el primer trimestre del año, sus beneficios han disminuido un 10%, alcanzando los 1.186 millones de euros, según los datos de Icea. Las complicaciones en el sector de seguros de automóviles arrastran al conjunto de la industria. Los beneficios en este segmento han experimentado una caída del 73,9%, quedando en 46 millones de euros en comparación con los 176 millones registrados en el primer trimestre de 2022. Ya en ese período se vislumbraban los problemas que desencadenaría la crisis, la cual se manifestó plenamente en el último trimestre del año pasado. Esta es una caída récord en los beneficios de este sector, superando la disminución del 50% experimentada durante la profunda crisis que tuvo lugar en los años noventa y que resultó en la desaparición de varias compañías especializadas en este campo.

La siniestralidad en este sector ha aumentado en 3,42 puntos porcentuales durante el primer trimestre, alcanzando el 76,77%. La ratio combinada, que mide el impacto de la siniestralidad y los gastos operativos en relación con las primas, se sitúa en un preocupante 100,93%. Este indicador es mejor cuanto más bajo sea y en este caso implica que, por cada 100 euros generados por las compañías en concepto de seguros de automóviles, han perdido en promedio 0,93 euros en su negocio puramente asegurador de automóviles.

En el seguro obligatorio de responsabilidad civil, la ratio combinada es aún peor, alcanzando el 104,17%. Esto significa que las aseguradoras han perdido 4,17 euros por cada 100 euros generados en primas. El aumento de la actividad económica tras la pandemia ha incrementado la frecuencia de los accidentes de tráfico, y la inflación ha complicado aún más la situación con el aumento de los costos de reparación. Todo esto, sumado a la reducción de precios aplicada por muchas compañías debido a la disminución de la siniestralidad en 2020 debido a la paralización económica, ha lastrado los resultados financieros de este negocio.

Las compañías ya han anunciado ajustes de precios para tratar de enderezar esta situación, aunque en las entidades reconocen que las subidas de tarifas no tendrán efecto inmediato en sus cuentas. Línea Directa, especializada en el seguro de coches, entró en pérdidas en el trimestre con un resultado negativo de 5,3 millones frente a un beneficio de 24,2 millones en el mismo periodo de 2022. Mapfre vio recortado su beneficio en España un 34%, hasta 64 millones por el lastre del seguro de automóviles.

En Catalana Occidente, el ramo de automóviles recortó un 26,9% su resultado técnico, el puramente asegurador, al quedar en 10,9 millones, con una ratio combinada del 93,4%, tras aumentar 2,8 puntos porcentuales. El segmento de multirriesgo, que incluye seguros de hogar entre otros, también ha visto recortado su beneficio un 54,6%, hasta 72 millones por al aumento de la siniestralidad de 5 puntos porcentuales, hasta 62,05%.

En la dirección contraria, el seguro de salud dispara su beneficio un 76,7% y alcanza los 97 millones. Este ramo ha recortado muy levemente su siniestralidad al pasar del 83,36% al 83,30%. Salud aumenta su negocio año tras año y en el sector esperan que arrebate a automóviles el liderazgo por facturación en los seguros de no vida. El seguro de vida se ha visto beneficiado por la subida de los tipos de interés y aumenta su beneficio un 16,5% tras alcanzar 811 millones, el 68% del resultado total del sector en el primer trimestre.

Las empresas españolas enfrentan una mayor incertidumbre en cuanto a sus ingresos en comparación con el resto de Europa. Según el Informe Europeo de Pagos, elaborado por la empresa de gestión de créditos Intrum, solo hay un país, Estonia, que tiene una visión aún más pesimista en este aspecto. Según este informe, el 67% de las empresas españolas considera que el riesgo de impagos o retrasos en los pagos por parte de sus deudores aumentará en los próximos meses. Este nivel de preocupación es sin precedentes, ya que el 65% de estas empresas está más preocupada que nunca por la capacidad de pago de sus deudores, lo que supone un obstáculo para la inversión empresarial y la contratación de nuevos empleados.

En comparación con Estonia, España se sitúa seis puntos porcentuales por debajo en términos de preocupación, pero siete puntos por encima del promedio europeo. Otros países también muestran niveles significativos de preocupación, como Italia con un 66%, Reino Unido con un 61%, Francia con un 59%, Portugal con un 58% y Alemania con un 56%. Además, este dato es notablemente superior al del año anterior, cuando el 57% de las empresas españolas expresaron esta preocupación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de las encuestas utilizadas en el informe de 2022 se realizaron antes del estallido del conflicto en Ucrania, que ha tenido un impacto muy negativo en la economía mundial. Por lo tanto, este informe refleja en parte las consecuencias desastrosas que ha tenido el conflicto en las perspectivas económicas de las empresas tanto europeas como mundiales.

Entre las preocupaciones se encuentra la persistencia de la inflación, así como los tipos de interés, que son una consecuencia directa de la primera. Los bancos centrales han aumentado el costo del dinero para intentar controlar los precios al consumo. En este sentido, las empresas españolas consideran que la inflación es el principal factor que afectará la capacidad de pago de sus clientes, según el 64% de las empresas. A esto le siguen los tipos de interés, según el 60% de las empresas, y la regulación y el cumplimiento normativo, según el 58%. Además, el 54% de las empresas afirma que la inflación está limitando su capacidad para hacer crecer el negocio y aprovechar nuevas oportunidades.

En este sentido, las empresas españolas consideran que la inflación es el principal motivo que pondrá en jaque la capacidad de pago de sus clientes: así lo creen el 64% de las compañías españolas. A estas preocupaciones le siguen los propios tipos de interés, para un 60% de las empresas; y la regulación y el compliance, para un 58%. Además, el 54% de las empresas afirma que la inflación está limitando su capacidad de hacer crecer el negocio y aprovechar nuevas oportunidades.

El tema de los impagos despierta especial preocupación dentro del tejido empresarial español, puesto que provoca importantes pérdidas de dinero. Como establece el mismo informe, "las compañías españolas pierden más de 26.000 millones de euros al año en perseguir los pagos de sus clientes, una cifra que asciende hasta los casi 275.000 millones de euros al sumar el total de los 29 países europeos encuestados". Esta persecución se traduce en que, de media, los compañías españolas invierten de media 81 días al año, lo que se traduce en siete días más que la media europea. Solo en Finlandia, Polonia, Alemania e Italia las empresas invierten más tiempo en esta tarea. Además, España queda muy alejada de los registros de Irlanda (51 días), Serbia (58) y Lituania (59).

"Hacer seguimiento de los cobros de manera efectiva es una tarea que, en muchas ocasiones, conlleva un gasto excesivo para las empresas, tanto de tiempo como de recursos", indica José Luis Bellosta, managing director de Intrum España. Así, la duración de los pagos más alta se da en el gobierno y el sector público, con 68 días; seguido por la energía y los servicios públicos (60 días) y el transporte y la logística (58).

La creciente dificultad de los consumidores, empresas y administraciones públicas para hacer frente a sus deudas con las empresas españolas se constata con el hecho de que el 82% de las compañías encuestadas ha recibido por parte de sus clientes la petición de aceptar plazos de pagos más largos, lo que supone 6 puntos porcentuales más que el pasado año. Por supuesto, esto también afecta a las propias compañías: el 61% reconoce que la inflación provoca que tengan dificultades para pagar a proveedores.

Tras la extraordinaria acumulación de deuda provocada por la pandemia en 2020, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lograron reducir su carga financiera en los dos años siguientes. Sin embargo, la guerra en Ucrania continúa afectando a las economías de este grupo, y se prevé que las necesidades de endeudamiento de sus miembros aumenten en un 6%. La OCDE, con sede en París, advierte además que en los próximos tres años vencerá la mitad de toda la deuda, que asciende a alrededor de 23 billones de dólares (21,3 billones de euros), en un entorno de aumento de las tasas de interés. Por lo tanto, la OCDE insta a los líderes a implementar "marcos institucionales creíbles" para gestionar esta deuda.

La pandemia llevó a las principales economías del mundo a un estado de hibernación. Los gobiernos respondieron estableciendo una red de seguridad que implicó pedir prestado del mercado alrededor de 15,4 billones de dólares (14,3 billones de euros). Sin embargo, la respuesta a la crisis fue unánime: los bancos centrales redujeron las tasas de interés a valores negativos y proporcionaron liquidez abundante al mercado. Esto proporcionó financiamiento barato para proteger a empresas y empleados. Como resultado, la deuda mundial alcanzó niveles récord. Según el Banco Mundial, la deuda pública llegó a representar casi el 100% del PIB. En el caso de los países de la OCDE, se elevó al 88%.

A medida que las economías comenzaron a reabrirse, los gobiernos pudieron comenzar a reducir su carga financiera. En 2021 y 2022, las naciones redujeron su deuda, situándola en el 83% del PIB. Sin embargo, esta tendencia no continuará este año. El grupo de países más ricos pronostica que acudirán a los mercados para obtener 12,9 billones de dólares (12 billones de euros), lo que representa un aumento del 6%. "Este incremento está principalmente relacionado con los países que han sufrido un mayor impacto debido a la guerra entre Rusia y Ucrania", señala el informe publicado por la OCDE este lunes. Aunque se espera un crecimiento económico en esos países, el nivel de endeudamiento se mantendrá estable en torno al 83%, pero casi 10 puntos porcentuales por encima del nivel anterior a la pandemia.

Si un nivel de deuda es bajo o alto depende de varios factores. "Toma dos países con el mismo nivel de sobreendeudamiento, pero con dos diferentes tipos de gobierno o con deuda denominada en diferentes divisas. Una de esas deudas podría ser segura, mientras que la otra podría no serlo", escribía recientemente el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional Olivier Blanchard. La OCDE, sin embargo, advierte de que el entorno es ahora muy diferente al de 2020. Los bancos centrales no solo están subiendo tipos, sino que también están dejando de comprar deuda. Y el interés medio de la deuda soberana en los países de este club ha pasado del 1,4% de 2021 al 3,3% en 2022.

La cuestión es, pues, cuánta de la deuda en manos de los países está a punto de vencer y, por lo tanto, deberá renovarse con una rentabilidad más elevada. Y la respuesta de la OCDE es que más de la mitad lo hará en los próximos tres años. Esto es, 23 billones de dólares (21,3 billones de euros). "Como resultado, los países afrontan un riesgo elevado de refinanciación, y muchos gastarán una proporción más elevada de sus presupuestos al servicio de la deuda y pueden sufrir mayores restricciones fiscales en los próximos años", apunta el organismo.

La fase de aumento de los tipos de interés está llegando a su fin, pero eso no implica que vayan a disminuir en un futuro cercano. Durante una conferencia en el Cercle Financer en Barcelona, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó que el costo del dinero deberá permanecer en un "territorio restrictivo", es decir, en los niveles actuales, durante un tiempo "prolongado" para lograr el objetivo de inflación del 2% a medio plazo de manera "sostenida en el tiempo".

Durante su intervención, acompañado por el presidente de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, quien lo describió como "uno de los economistas más destacados de nuestro país", Hernández de Cos admitió que esta política monetaria tiene "un trecho por delante". Sin embargo, añadió que mantener la estabilidad de precios es la mayor contribución que el banco central puede hacer para garantizar un crecimiento económico sólido a largo plazo. Antes de su discurso, el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, lo calificó como una "figura clave" en la supervisión del sistema financiero, no solo en España sino también en Europa, destacando su "independencia política".

Después de reconocer que queda algo de camino por recorrer tras el aumento de 25 puntos básicos a principios de este mes en el costo del dinero, Hernández de Cos destacó que "el panorama es algo más optimista para 2023" y se aventuró a decir que hemos dejado atrás el punto máximo de este episodio inflacionario. El Banco de España anunció recientemente que revisará al alza su pronóstico de crecimiento para España en 2023, situándolo en torno al 2%, cerca del 2,1% estimado por el Gobierno en la actualización del plan de estabilidad 2023-2026 enviado a Bruselas. Explicó que las expectativas del mercado en marzo eran de una facilidad de depósito del 3,75%, en comparación con el 3,25% actual.

Con todo, el gobernador ha explicado que sigue primando la incertidumbre sobre la resiliencia de la economía del área del euro, el curso de la economía mundial, los efectos de la apertura de la economía china, los nuevos brotes de inestabilidad financiera como las ocurridas en EEUU (Silicon Valley Bank) o Suiza (Credit Suisse), que hasta ahora ha tenido repercusiones limitadas.

El Banco Central Europeo (BCE) tomará sus decisiones en función de la evolución de los distintos datos y ha reconocido que las alzas de los tipos de interés ya se notan en la economía con "un endurecimiento de las condiciones financieras más intenso" de lo que preveían las propias entidades. De hecho se está complicando el acceso al crédito, así como su concesión y se reduce el flujo de crédito. A su vez se está produciendo una traslación más lenta de los tipos de interés de mercado a la remuneración de los depósitos minoristas por el "exceso de liquidez en el mercado".

La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se dirigió el lunes a los líderes del Congreso para alertarles de que la posibilidad de que el país caiga en suspensión de pagos el 1 de junio debido a la falta de un acuerdo para aumentar el límite de la deuda ha pasado de ser probable a "altamente probable". El pasado 15 de mayo, Yellen les advirtió que era "probable" que el Tesoro no pudiera cumplir con sus obligaciones gubernamentales a partir del 1 de junio si no se elevaba o suspendía el límite de la deuda soberana. En su nueva carta, emitida este lunes con los datos actualizados de esta semana, la secretaria del Tesoro enfatizó que esta posibilidad es ahora "altamente probable".

Yellen instó a los legisladores a no esperar "hasta el último minuto" para encontrar una solución, ya que hacerlo podría causar "daños graves a los negocios y a la confianza del consumidor", además de tener un impacto negativo en la calificación crediticia de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, tuvieron el lunes una reunión "productiva" para discutir el aumento del límite de la deuda, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo. "Creo que el tono esta noche fue mejor que cualquier vez anterior. (...) Siento que fue productivo", dijo el conservador a su salida de la Casa Blanca.

Aun así, McCarthy criticó que cada propuesta de los demócratas pasa por aumentar el gasto público, y aseguró que Estados Unidos "tiene un problema de gasto". Con todo, el conservador avanzó que probablemente mantendrá conversaciones con Biden cada día hasta que se resuelva el impás de la deuda.

Por su parte, el mandatario destacó que ambos descartaron la posibilidad de una suspensión de pagos y que la única forma de avanzar es "un acuerdo bipartidista", según un comunicado de la Casa Blanca. "Si bien hay áreas en las que no estamos de acuerdo (...) seguiremos debatiendo sobre cómo avanzar", confió el demócrata.