Después del anuncio del acuerdo, el valor del dólar experimenta leves descensos frente al euro y muestra cierto avance frente al yen, en un día en el que se espera un bajo volumen de operaciones debido a las festividades tanto en Wall Street como en Londres. Los expertos anticipaban que el dólar se debilitaría después de un mes de fuerte apreciación, ya que ha sido considerado un refugio seguro por parte de los inversores que han optado por la moneda estadounidense ante la posibilidad de inestabilidad.

Sin embargo, los datos publicados el viernes en Estados Unidos indican que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó más de lo esperado en abril, y la inflación PCE subyacente registró un incremento del 4,4%, una décima por encima de las previsiones. Estos datos se suman a otras señales que indican que la economía aún se mantiene resistente a las subidas de tipos de interés, lo que podría mantener los tipos elevados. A pesar de ser festivo, este lunes se negociarán contratos de futuros relacionados con los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el índice S&P 500 en Estados Unidos.

Durante la jornada del lunes, el dólar experimenta una caída del 0,17% frente al euro, ubicándose en 1,07 dólares por cada unidad de moneda europea. En cuanto al yen, el dólar registra un avance del 0,07%. Por otro lado, el dólar estadounidense se deprecia un 0,18% en comparación con el dólar australiano. Los expertos esperan la publicación de varios datos importantes durante esta semana para determinar si el dólar tiene más margen de apreciación frente a las monedas competidoras. El miércoles, la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal proporcionará nueva información sobre la actividad económica y las expectativas en cada distrito y sector empresarial. Además, el viernes se dará a conocer la tasa de desempleo, lo que también brindará indicios sobre el estado de la economía.

"Los mercados deberían de respirar aliviados, ya que es probable que el dólar se debilite un poco a medida que finalmente se resuelva el embrollo del techo de la deuda", ha señalado Chang Wei Liang, estratega de DBS Group Holdings en Singapur, a Bloomberg. "El acuerdo parece estar bien equilibrado entre reducir el gasto sin poner en peligro el crecimiento", ha añadido Wei Liang.

Los analistas destacan la posición única de Estados Unidos que, a pesar de haber estado cerca del impago de la deuda, ha visto cómo los inversores acudieron en masa a activos en dólares, como los bonos del Tesoro. Esto provocó que el dólar se revalorizara durante las semanas en las que se ha alargado la negociación entre demócratas y republicanos, llevando, por ejemplo, al yen japonés a mínimos de seis meses, superando los 140 por dólar la semana pasada.

La falta de pacto no solo influyó en la cotización del dólar. En las últimas semanas, a la vez que el dólar subía, la incertidumbre por el acuerdo entre republicanos y demócratas que no terminaba de llegar, hizo que las letras del Tesoro norteamericano dispararan su interés. Así, las letras de EE UU a seis meses que tienen como fecha de vencimiento el 1 de junio ofrecieron un tipo de interés cercano al 7% la semana pasada, cuando a principios de año era del 4,5%. Las letras a un año, por su parte, que vencen el 15 de junio, ofrecieron un interés del 6,2%.

Plan Ahorro Flexiplus Deposito Flexible de AXA, Mapfre Millón Vida, Reale PPA Compromiso... desde inicios de año se está produciendo una avalancha de lanzamientos de pólizas de vida que tienen un perfil puramente financiero. La distribución de este tipo de seguros se ha disparado más de un 50% tras la negativa de los bancos a mejorar la retribución de sus depósitos. "Si la banca no quiere pagar por el ahorro nosotros sí que lo vamos a hacer", sentencia el presidente de una de las mayores aseguradoras del país.

El Banco Central Europeo (BCE) inició el aumento de las tasas de interés hace casi un año. Este movimiento ha tenido un impacto significativo en las hipotecas, pero los bancos españoles se han quedado rezagados en comparación con sus homólogos europeos en lo que respecta a la mejora en los rendimientos de los depósitos a plazo fijo. Hasta febrero, solo ofrecían un 0,76% en depósitos a un año, considerablemente menos que otros bancos europeos. En marzo, han superado el umbral del 1%, pero muchos clientes se muestran impacientes. Esta estrategia comercial ha llevado a las compañías de seguros a desplegar todos sus esfuerzos de venta para intentar cerrar esta brecha.

Los seguros de vida-ahorro son pólizas en las que una parte del dinero aportado por el cliente se destina a cubrir el riesgo de fallecimiento o invalidez, mientras que el resto se invierte en activos financieros, principalmente bonos. En España, existen 190.000 millones de euros en pólizas con un enfoque claramente orientado al ahorro. Según datos de la asociación del sector asegurador, Unespa, casi nueve millones de personas tienen algún tipo de producto de este tipo. La gama de productos es amplia e incluye seguros de ahorro con prima única, rentas vitalicias y seguros individuales de ahorro a largo plazo, cada uno con sus características fiscales particulares.

En términos de rendimiento, la mayoría de estos productos ya ofrecen un rendimiento superior al 2% TAE. "Es importante tener en cuenta que los seguros de vida aportan un valor adicional en comparación con los depósitos o los bonos del Tesoro, ya que garantizan un cierto capital en caso de que la persona sufra un infortunio, lo que los convierte en un producto muy conveniente", explicó Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña. La compañía lanzó recientemente un producto que ofrece un 2,5% TAE.

Durante el primer trimestre del año, las aseguradoras ingresaron en España 10.278 millones de euros en productos de vida. La cifra es un 58% superior a los datos de 2022. La inmensa mayoría de este dinero ha ido destinado a pólizas de vida-ahorro, y solo una pequeña parte a seguros de vida puro, que tan solo cubren el riesgo de fallecimiento.

El mecanismo de protección que ha estado en vigor desde 2020 y que restringe la libertad de los inversores extranjeros para adquirir empresas estratégicas en España, no solo no se ha suavizado tras la disminución del impacto de la pandemia en la valoración de los activos, sino que está facilitando una intervención cada vez más agresiva por parte del Gobierno en operaciones de diversos sectores, como los medios de comunicación, la tecnología y la infraestructura. Según los datos del Ministerio de Industria, en el año 2022 se produjo un aumento significativo en el número de adquisiciones sujetas a autorización previa, así como en el número de expedientes que generaron preocupación en el Consejo de Ministros, lo que llevó a la imposición de vetos o condiciones.

Específicamente, el comité de inversiones extranjeras (un organismo interministerial encargado de analizar las solicitudes de adquisiciones extranjeras) supervisó 83 transacciones (28 más que en 2022), y de estas, el Gobierno de Pedro Sánchez vetó una de ellas (el aumento de la participación de Vivendi en Prisa al 29,9%) y estableció condiciones en otras nueve. En los dos años anteriores, no se había prohibido ninguna inversión extranjera y solo se habían impuesto condiciones en una adquisición en 2020 y en seis en 2021.

El Gobierno no proporciona detalles sobre las operaciones que fueron condicionadas debido a su supuesto impacto negativo en la gestión de activos estratégicos. Algunas fuentes legales señalan que el análisis de las operaciones es muy arbitrario y que algunos inversores no saben a qué enfrentarse al presentar una transacción. En un informe, el Ministerio de Industria reconoce que no existe "un catálogo estandarizado de medidas de mitigación" y que "en la práctica, el diseño de estas medidas depende de las características específicas de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas".

El año pasado, entre esas condiciones hubo "medidas encaminadas a garantizar el suministro de determinados bienes o servicios fundamentales, para limitar el acceso del inversor a información sensible o para evitar la pérdida de soberanía en ciertos ámbitos". En 2021, la operación más significativa a la que se pusieron condiciones fue la entrada del fondo australiano IFM en el capital de Naturgy. El Gobierno considera que el aumento de transacciones analizadas y sometidas a remedios se debe "al mayor dinamismo de la inversión durante el año pasado". Los flujos de dinero extranjero en España alcanzaron los 34.178 millones de euros en 2022, un 13,9% más.

En cuanto al origen de los inversores extranjeros que tuvieron que pedir autorización al Gobierno en 2022, existe un claro liderazgo de los estadounidenses, que supusieron un 45% del total, por delante de británicos (13%), chinos (7%) y los procedentes de los Emiratos Árabes Unidos (7%). Pese a que de manera provisional hasta diciembre de 2024 los inversores europeos también están sometidos a este régimen de suspensión de inversiones, solo 3 operaciones sometidas al control el año pasado fueron protagonizadas por sociedades de la UE. Esto se explica porque el umbral a partir del que una compra europea debe ser analizada es más duro que para el resto del mundo (tiene que superar los 500 millones de euros o implicar la adquisición de más de un 10% de una cotizada española).

El Gobierno tiene previsto aprobar la nueva tarifa regulada de electricidad antes del mes de julio, con el objetivo de suavizar las fluctuaciones en la factura eléctrica, según ha afirmado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum junto a la directora de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul-Joergensen. La nueva tarifa, conocida técnicamente como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), debió ser aprobada el año pasado y entrar en vigor a principios de este año, según los planes del Gobierno hace un año.

La vinculación directa entre esta tarifa y el mercado mayorista generó un intenso debate al comienzo de la crisis energética, que se intensificó con el inicio de la guerra de Ucrania y el impacto en los precios eléctricos. A diferencia de lo ocurrido en otros países, donde los incrementos de precios se produjeron de manera más gradual después de un período de crisis, los consumidores con tarifa regulada en España experimentaron aumentos inmediatos.

La estrategia adoptada por el Gobierno para evitar esta volatilidad consiste en vincular el precio de la energía, uno de los cuatro componentes de la factura junto con la potencia contratada, los impuestos y los conceptos regulados, no solo al mercado diario, sino también al mercado de futuros, que es más estable. En concreto, se establece que la parte correspondiente al mercado de futuros estará compuesta por un 10% del producto mensual, un 36% del producto trimestral y un 54% del producto anual. Este cambio se implementará de manera progresiva, de modo que la referencia de los mercados a plazo represente el 25% del precio en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025.

De hecho, el Gobierno pretende aprobar la normativa antes de julio para brindar a las compañías eléctricas seis meses para adquirir energía en el mercado de futuros, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. De esta manera, la nueva tarifa podría entrar en vigor a principios de 2024. Este mecanismo implica precios menos volátiles, aunque no necesariamente más bajos. Según informes tanto de la CNMC como del Gobierno, en un escenario de picos de precios como el ocurrido en el último año, esta tarifa mitigaría los aumentos, pero en un escenario estable, como era habitual antes de la guerra, podría representar un incremento.

En el contexto de las discusiones entre la Comisión Europea, España y Portugal para establecer un límite al precio del gas, España informó a Bruselas sobre su intención de reformar la tarifa regulada de electricidad para reducir su dependencia de la evolución del mercado diario. Sin embargo, esto no implica, como se pensó inicialmente, que la Comisión Europea obligue al Gobierno español a llevar a cabo estos cambios.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha expresado su confianza en que los grupos políticos estén a la altura y aprueben las leyes que buscan mejorar la eficiencia de la administración de Justicia, las cuales se encuentran actualmente en trámite en las Cortes Generales. Durante la apertura de la I Cumbre Mundial de la Mediación en Valladolid, la ministra ha afirmado: "Los grupos políticos estarán a la altura de este desafío". Mientras tanto, un grupo de funcionarios de Justicia se ha concentrado en la entrada del edificio para pedir que la ministra le escuche.

Llop ha resaltado la importancia de estas leyes de eficiencia para avanzar "de una cultura basada en los litigios a una cultura del consenso". Además, ha enfatizado que el sector público necesita al sector privado, ya que la implementación de este modelo no puede llevarse a cabo únicamente por ellos. La ministra ha afirmado: "Os necesitamos para transformar la Justicia española, haciéndola más avanzada, basada en ese marco ético que guía a los mediadores y conciliadores". Su discurso fue dirigido principalmente a un público vinculado al ámbito empresarial y de la mediación.

Durante su intervención, la ministra ha destacado la importancia de la mediación como herramienta para la resolución de conflictos, y ha abogado por fomentar una cultura del diálogo desde el liderazgo tanto del sector público como del privado. Según Llop, el diálogo es una de las bases fundamentales de su trabajo desde el comienzo de la legislatura. Ha resaltado que en muchas ocasiones el diálogo y el consenso permiten alcanzar un mayor grado de satisfacción, especialmente en momentos complejos como la pandemia de COVID-19, las consecuencias de la guerra en Ucrania y la polarización de la vida pública y las redes sociales.

Frente a la entrada de la Feria de Muestras, una concentración con una veintena de funcionarios de la administración de Justicia ha protestado por la falta de diálogo del Ministerio de Justicia y han acusada a Llop de reunirse con jueces y letrados pero no con los trabajadores que para "hablar del trabajo que hacen, para acordar unas retribuciones dignas y justas o para mejorar la ley de eficiencia organizativa".

El presidente del sector autonómico de CSIF Justicia, Juan José Banciella, ha reconocido que no entiende "cómo una ministra de Justicia pueda tener miedo de los funcionarios de Justicia" y ha reprochado que no pueden encontrarse con "una ministra a la fuga, que solo va a la Feria de Abril, que solo quiere estar donde le aplaude, sino que tiene que estar dando la cara, reconociendo los problemas de Castilla y León y España".

Banciella ha señalado que cada día se cancelan mil vistas en la Comunidad y una "cantidad increíble" en toda España, lo que causa un "perjuicio tremendo a todos los ciudadanos" por la negativa a hablar estos trabajadores "por parte del Ministerio de Justicia, la ministra de Hacienda y del presidente del Gobierno".