Reproches entre Justicia y Abogacía por los pagos al turno de oficio

El Consejo General de la Abogacía y la Junta de Gobierno del ICAM piden al Ministerio de Justicia que asuma el pago al completo del turno de oficio por designación judicial, independientemente de si los expedientes han sido reconocidos o no dentro del servicio de justicia gratuita.

Ambos organismos muestran su rechazo a la decisión de la que fueron informados el pasado 4 diciembre, cuando el Ministerio de Justicia comunicó a los representantes de la Abogacía que sólo asumiría el pago de aquellos expedientes de justicia gratuita en los que se den los requisitos de carencia de recursos económicos.

Esa misma jornada, Justicia abrió un plazo que finaliza para que tanto Abogacía como los colegios de abogados del denominado territorio común -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares y el Colegio de Madrid, en cuanto regula el turno de oficio en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo;- remitiesen al ministerio todas las certificaciones correspondientes que acrediten que las personas defendidas cumplen los requisitos establecidos por la ley y el reglamento de asistencia jurídica gratuita.

La respuesta, en forma de comunicado de la Abogacía Española, señalaba que el ministerio "ignoraba que la designación de abogado es un mandato del juez instructor y que responde a un derecho constitucional, pueda el encausado acogerse a la justicia gratuita o no, el Gobierno se desentiende de esta parte del funcionamiento de los tribunales españoles y deja en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos para recibir los beneficios de la justicia gratuita".

Por su parte, Justicia ha apoyado su decisión en que "podría estar cometiendo una ilegalidad si paga el turno de oficio no acogido por la justicia gratuita", a lo que Abogacía responde que "buena parte de las comunidades autónomas con competencias en la materia asumen el pago completo del turno de oficio y que el propio Ministerio de Justicia lleva años haciéndolo".

En un tono similar, ICAM también señala su rechazo al ministerio dirigido por Delgado, asegurando que "en ningún caso va a permitir que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas, ni que se trasladen a los abogados y abogadas de oficio que cada día hacen efectivos estos derechos fundamentales los problemas de financiación de un servicio público que se presta con especiales exigencias de formación y un alto grado de calidad. Mandato judicial del que el Ministerio de Justicia no puede ser ajeno derivando exclusivamente su cumplimiento y consecuencias al Colegio de Abogados y a los letrados y letradas de oficio".

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