El pasado mes de febrero se publicó en el BOE la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, mediante la cual se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, conocida como Directiva Whistleblowing.
La Ley ha entrado en vigor con fecha 13/03/2023 y su finalidad es proteger a las personas trabajadoras comprendidas en el ámbito de aplicación de la norma, las cuales, en el contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los canales internos o externos de información regulados en la ley.