El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido que una buena parte de las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de declarar los bienes y derechos en el extranjero por parte de los residentes en España (modelo 720), son contrarias al derecho de la Unión Europea, ya que constituye una restricción injustificada a la libertad de circulación de capitales.