Nuevas Medidas en materia de Arrendamiento de Viviendas

Con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, entran en vigor una nueva normativa sobre la materia con sustanciales cambios que afectan al ámbito del alquiler de viviendas, entre los que podemos destacar los siguientes:

a. Ampliación de la duración de los contratos que se firmen nuevos, pasando de tres a cinco años, siete en el caso de personas jurídicas.

b. También se aumenta el plazo de la prórroga tácita de 1 a 3 años, es decir, en caso de que ni arrendador ni arrendatario manifiesten expresamente la voluntad de rescindir el contrato en vigor.

c. Pasa a ser obligatoria una fianza en metálico equivalente a una mensualidad de la renta en arrendamiento de vivienda y dos en uso distinto al de vivienda. Se permite a las partes el pacto de cualquier garantía complementaria, pero en los arrendamientos de vivienda de cinco o siete años de duración, el valor de dicha garantía no podrá exceder de dos mensualidades de renta.

d. Los gastos de gestión serán obligatoriamente a cargo del arrendador persona jurídica, no si el arrendatario como venía siendo costumbre.

e. Se fija la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

f. Eliminación de la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos. Por otro lado, se habilita a los ayuntamientos a establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler con precio limitado.

g. Modificación de la Ley de enjuiciamiento civil respecto al procedimiento de desahucio en el sentido de que el juez deberá notificar a los servicios sociales la situación de vulnerabilidad de la familia. El proceso de desahucio se paralizará un mes (o dos si el arrendador es una persona jurídica) hasta que los servicios sociales encuentren una solución.

Finalmente, se crea la capacidad de ejercer el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) de las administraciones públicas en los casos de venta de la totalidad de un edificio compuesto de varias viviendas.

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